La información está derribando los muros de las oligarquías
empresariales, y permite conocer las consecuencias de los transgénicos
para la salud y el medioambiente. La decisión de la UE de prohibir los
transgénicos, viene precedida de masivas movilizaciones en México,
Argentina, Chile o Puerto Rico, protagonizadas por una ciudadanía
organizada e informada que denuncia un abuso que atenta directamente
contra la soberanía alimentaria.
Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto
de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de
sus semillas genéticamente modificadas. Tras enfrentarse a sus protestas
y a interminables trabas burocráticas, la multinacional líder en
producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
se encontró también con la oposición de la Comisión Europea, recelosa
ante los riesgos que esta práctica puede suponer para la salud y el
medioambiente. Y es que muchas de las semillas que Monsanto planeaba
exportar tienen modificaciones genéticas que les permiten resistir a los
herbicidas convencionales. Su cultivo conlleva un uso de herbicidas
mayor y más potentes, que a menudo también son comercializados por la
propia multinacional. Además, las semillas transgénicas no permiten su
reproducción y se han de adquirir nuevas antes de cada cosecha, lo que
supone un enorme gasto que no termina de convencer a los agricultores, a
pesar de su delicada situación.
Lo cierto es que los transgénicos
nunca han arraigado en Europa. En los últimos años, Hungría ha
destruido campos de maíz genéticamente modificado, Grecia o Alemania han
prohibido estos cultivos y Francia ha vetado el uso de cualquier
semilla modificada. Se calcula que en el mundo hay 170 millones de
hectáreas plantadas de OGM
y que apenas 100.000 se encuentran en Europa. La mayoría de ellos se
encuentra en España, el único país de la Unión Europea (UE), según
Greenpeace, que cultiva transgénicos a gran escala, con el 90% del maíz
modificado.
Monsanto,
que entró en España en 1970, ha conseguido renovar la exportación del
maíz Mon810, a pesar de la decisión de la Comisión Europea. La laxitud
de la legislación española, la falta de un plan agrícola claro y el
apoyo ciego del Gobierno demuestran la estrecha relación entre el país y
la poderosa multinacional. Blanca Ruibal, responsable de agricultura de la ONG Amigos de la Tierra, advierte de que el 67% de los experimentos con transgénicos
que se realizan al aire libre en Europa tienen lugar en España: “Existe
una gran opacidad en torno a estas prácticas. Nunca se sabe dónde están
ubicados los cultivos experimentales, a pesar de que hay una sentencia
del Tribunal Europeo de Justicia que obliga a los gobiernos a comunicar
dónde se encuentran. En España se oculta la información”.
Cuando Monsanto
u otras empresas solicitan realizar experimentos al aire libre para
probar sus productos, la mayoría de los países europeos se niegan.
España no, lo que le ha convertido en un laboratorio perfecto. Tal es la
docilidad del estado español que Estados Unidos le presionaba y
utilizaba para que favoreciese en Bruselas la introducción de los transgénicos, como desvelan unos cables diplomáticos revelados por Wikileaks.
Una de las tesis más esgrimidas por las compañías que comercializan con OGM es que su uso puede contribuir a combatir la escasez de alimentos en el planeta. El multimillonario fundador de Microsoft y accionista de Monsanto, Bill Gates, llegó a afirmar que los cultivos transgénicos son la solución para acabar con el hambre en el mundo.
Un argumento que no se sostiene cuando vemos que la mayor parte de los OGM
que se comercializan no se destinan a la alimentación, sino a la
producción de piensos para animales. En Argentina, principal productora
de soja del mundo, más del 90% de la producción es transgénica,
repartida en más de 19 millones de hectáreas de monocultivo que antes se
dedicaban al ganado, a verduras y hortalizas. Miles de campesinos empobrecidos que antes vivían de labrar la tierra han emigrado con sus familias desde que Monsanto se estableció allí.
Lo mismo sucedió en la India con el algodón, o en Kenia, donde una
variedad de boniato transgénico introducido por Monsanto resultó ser
menos productivo que el boniato convencional.
La información está derribando los muros de las oligarquías
empresariales, y permite conocer las consecuencias de los transgénicos
para la salud y el medioambiente. La decisión de la UE viene precedida
de masivas movilizaciones en México, Argentina, Chile o Puerto Rico
protagonizadas por una ciudadanía organizada e informada que denuncia un
abuso que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, una línea roja que nunca debiera haberse sobrepasado en favor de beneficios económicos privados.
fuente:EcoPortal.net
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