TTIP, El Tratado trasatlántico

El Tratado trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) es un tratado de libre comercio entre Estados unidos y Europa que se está negociando en secreto, de espaldas a la ciudadanía, con el que, entre otras cosas, se pretende:

 Ingles:

El Tratado de Libre Comercio con Canada

Nuevas dosis de opacidad y nuevas ventajas para las empresas frente a los estados son, grosso modo, las claves del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, según el informe de varios organismos internacionales, Vendiendo la Democracia,: http://corporateeurope.org/international-trade/2014/11/ceta-trading-away-democracyque 
 que ha visto la luz este mismo miércoles.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, alerta de que el polémico CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), no sólo servirá para reducir aranceles, como se empeñan en recordar sus promotores, sino que además brindará nuevos poderes a las multinacionales, y servirá como campo de pruebas de lo que vendrá después: el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Bruselas, el polémico TTIP, que la UE negocia con sigilo, impermeable a las críticas de fuerzas políticas y organizaciones sociales que alertan sobre sus peligros, y sobre el excesivo peso de las multinacionales en las negociaciones.

A mediados de los 90 apenas había constancia de una docena de demandas de empresas a estados; a finales de 2013 eran 568

Ambos acuerdos son similares en esencia, e incorporan un mecanismo de protección de inversiones (ISDS), que permitirá a las empresas denunciar a los estados en los que realicen inversiones, en caso de que estos países apliquen cambios normativos que a juicio de las empresas perjudiquen a sus inversiones. Sin embargo, el acuerdo con Canadá va un paso más allá, y también recoge el derecho de las empresas a denunciar a los estados de verse perjudicadas las "expectativas legítimas" sobre sus inversiones, en virtud de una "cláusula de trato justo y equitativo". Por no hablar de la suerte de cláusula zombie que incorpora el CETA, y que permitirá a las multinacionales seguir demandando a los países en los que inviertan 20 años después de disolverse esta alianza. 

El mecanismo ISDS sólo permite que las empresas denuncien, no los estados. En vez de recurrir a los tribunales nacionales, las corporaciones acuden a tribunales arbitrales, que zanjan con laudos irrevocables estos litigios. Las disputas suelen durar años, y obligan a los estados a afrontar costes millonarios, ganen o pierdan. Según el estudio, la inclusión de este mecanismo sirve para conceder aún más poder a las empresas, mientras los estados se enfrentan a árbitros que actúan "con una clara tendencia a interpretar las leyes en favor de los inversores".
Si las empresas no se ponen de acuerdo con los estados para designar a los árbitros, la pelota pasa al tejado del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID), dependiente del Banco Mundial. Para los autores del documento, esto supone "dejar al zorro vigilando el corral de las gallinas", en un sistema en el que ya contemplan el "conflicto de intereses de los árbitros", que cuentan con potestad para decidir qué demandas admitir, aunque sean "frívolas o infundadas", y no pueden ser juzgados por las decisiones que adopten en estos procesos -cualquier juez puede ser condenado por prevaricación, pero no estos árbitros-.  Por todo ello, el estudio considera el ISDS un arma contra los estados, que en muchas ocasiones les condiciona, impidiéndoles aplicar cambios normativos por temor a las denuncias de las multinacionales.

Los estados dedican una media de seis millones de euros a costear estos procesos, que suelen durar años

Las cifras hablan por sí solas: frente a la docena de demandas de empresas a estados documentadas a mediados de los 90, en 2013 ya eran más de 568, por lo que también ha crecido el número de estados que se oponen a incluir el ISDS en sus alianzas comerciales. El hecho de que tanto la UE como Canadá cuenten con sistemas judiciales sólidos es otro de los argumentos del estudio, que considera totalmente innecesario recurrir a los tribunales arbitrales.

En su análisis, el documento se remite a los datos del acuerdo entre Canadá, EEUU y México (NAFTA), para recordar que Ottawa ha perdido o se ha visto obligada a llegar a acuerdos en seis de los 35 casos en los que ha sido demandada por empresas estadounidenses o mexicanas, por lo que ha tenido que gastar más de 142 millones de euros en compensar a las multinacionales, gastos procesales aparte.

 
Los abogados especializados más cotizados cobran hasta 800 euros por hora, y los árbitros se embolsan cerca de 2.400 euros por día de trabajo sin contar con dietas, transporte y alojamiento. De hecho, como denuncia un estudio reciente, los estados dedican seis millones de euros de media a costear estos procesos, que acostumbran a dilatarse durante años. Es un negocio en manos de unas pocas empresas europeas y estadounidenses, que concentran la inmensa mayoría de estos lucrativos casos.

En los arbitrajes, los abogados cobran hasta 800 euros por hora, y los árbitros cerca de 2.400 por día, sin contar con las dietas

Vendiendo la Democracia: Cómo las reglas de protección de inversiones del CETA amenazan los servicios públicos en Canadá y en la UE es el último informe publicado por más de una docena de organizaciones canadienses y europeas, como el Transnational Institute, el Observatorio Corporativo Europeo o el Centro Canadiense de Alternativas Políticas: organizaciones sociales, think tanks y ONGs que concluyen su análisis pidiendo a los legisladores que renuncien a incluir el ISDS en el tratado con Canadá, pero también en alianzas como el TTIP.
Alianzas que, en palabras de Pia Eberhardt, coautora del informe, son "arriesgadas y muy peligrosas". La investigadora del Observatorio Corporativo Europeo denuncia a Público la actitud de las autoridades europeas, que responden a las críticas con "propaganda" y se empeñan en seguir adelante con acuerdos como el CETA o el TTIP, a pesar de que la oposición a este tipo de alianzas sigue creciendo.

"El hermano mayor del TTIP"

Este lunes, en Madrid, el Parlamento Europeo celebró un seminario sobre el  TTIP en el que PP y PSOE volvieron a enumerar los supuestos beneficios que traerá el polémico acuerdo, sacudiéndose de paso las acusaciones de falta de transparencia en las negociaciones. Un acto de "propaganda" en opinión de Podemos, IU y Equo, que no fueron invitados al evento, y que denunciaron la falta de voces críticas en el encuentro.

Con el CETA, las filiales de multinacionales estadounidenses en Canadá también podrán demandar a los estados europeos

Florent Marcellesi, portavoz de Equo en la Eurocámara, comparó este lunes el acuerdo de Bruselas con Canadá y la alianza con EEUU, asegurando que el primero es "el hermano mayor del TTIP". Lo cierto es que las negociaciones del CETA también han sido tachadas de opacas, y el ISDS que incorpora es "aún más peligroso" que el del TTIP, como recuerda Eberhardt, pero esto sólo es la punta del iceberg. De hecho, los investigadores temen que el acuerdo con Ottawa sirva como una suerte de caballo de Troya de las multinacionales: el CETA no sólo será una alfombra roja para las empresas canadienses, sino que también podrá ser esgrimido por las filiales de multinacionales estadounidenses, que cuentan con un peso importante en la economía de Canadá.
En septiembre de este año, representantes europeos y canadienses escenificaron en Ottawa el fin de las negociaciones del tratado, pero no será hasta 2016 cuando comience a aplicarse, de ser ratificado por los 28.
Las fuerzas partidarias de estas alianzas sostienen que generarán riqueza y empleo, pero evitan leer la letra pequeña de estos acuerdos. Mientras, el número de detractores del CETA y el TTIP sigue creciendo, denunciando que estos tratados son la consagración del modelo neoliberal que tanto gusta a las élites económicas, y que restarán soberanía a los estados que los firmen.

fuente: http://www.publico.es

PP, PSOE, UPyD y CiU unidos a favor de un tratado negociado en secreto entre la UE y EE.UU.

Los cuatro partidos apoyaron el tratado de comercio que la Comisión Europea negocia en secreto con EE.UU.· CiU votó en contra de hacer un referéndum sobre el tema con PP, PSOE y UPyD · Artur Mas negó en el Parlamento conocer las negociaciones a pesar de que días antes CiU las había apoyado en el Congreso · Los medios de comunicación catalanes y españoles han ocultado el pacto que beneficiará a Ferrovial, ACS y al Banco de Santander.

El día que CiU, PP, PSOE y UPyD se unieron para evitar que la ciudadanía pudiera decidir sobre su futuro económico, ningún periódico hizo mención en su portada y la noticia tampoco abrió ningún telediario. Pero los hechos son reales, tuvieron lugar el 6 de mayo de 2014 y ahora os explicaremos las enormes consecuencias que puede tener. Y cuando decimos “enormes” hablamos del mayor ataque a la democracia que se haya vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si piensas que es una exageración, lee este texto hasta el final.

El 25 de junio de 2014 David Fernández abría el melón en el Parlamento y preguntaba a Artur Mas sobre algo llamado “TTIP”, un tratado de comercio que la Comisión Europea negocia con Estados Unidos rodeada de un secretismo denunciado por cientos de organizaciones de todo el mundo. Dirigiéndose a al Presidente, el diputado de la CUP dijo:

- Nos gustaría abrir un debate sobre uno de los aspectos más escondidos, silenciados y amordazados de la coyuntura europea que es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) que anula la democracia (…) Desde esta perspectiva de secuestro y ataque a la soberanía política y económica, nos gustaría saber cuál es el posicionamiento del Presidente y por extensión del Gobierno respecto al futuro tratado.

A lo que Artur Mas respondió:

- Señor Fernández, usted mismo decía que muchas de las cosas que se deben de estar hablando no están al alcance público y le tengo que decir que tampoco están al alcance de este Gobierno …

Pero Artur Mas mentía a David Fernández porque pocas semanas antes, en el Congreso CiU se unía a PP, PSOE y UPyD para defender el TTIP, el tratado de libre comercio entre Europa y EEUU. Consciente de este hecho Fernández replicó:

- Señor Presidente … la respuesta es aún más inquietante que la pregunta …

Efectivamente, es preocupante que Artur Mas diga en el Parlamento que la información sobre el TTIP “no está al alcance” del Gobierno cuando su partido, unos días antes se unió al PP, al PSOE ya UPyD para impedir que se hiciera un referéndum sobre el tema, tal como pedía el grupo de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA). Es preocupante que Mas diga que no tiene información cuando días antes, el Congreso de los diputados, el representante de CiU, Jordi Xuclà, defendía el TTIP abiertamente:

- El TTIP es seguramente una de las mejores iniciativas del presidente Obama mirando a Europa. Es un acuerdo ganador-ganador en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre …

A su vez, en el mismo debate, el diputado de UPyD, Alvaro Anchuelo compartía con Xuclà su entusiasmo por el TTIP:

- Hay importantes sectores en los que España es competitiva y pueden mejorar sus intercambios con el TTIP.

¿A qué sectores se refiere Anchuelo? Al pequeños comercios? Los autónomos? Veámoslo:

- Podrán mejorar sus intercambios empresas de obras públicas, infraestructuras, o transporte aéreo o servicios financieros donde España tiene importantes multinacionales …

El representante del PSOE, Félix Lavilla dejó clara la postura de su partido:

- Nosotros decimos “si” al TTIP. Los socialistas tenemos una posición clara porque beneficia a nuestro país, beneficia a la UE … Este tratado tiene un potencial enorme para crear empleo y generar crecimiento en Europa.

Finalmente, la diputada del PP, María Miguélez, lo deja claro:

- El TTIP es una de las cosas más importantes que comercialmente le sucederá en España. Nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow …

Otra vez la defensa del TTIP tiene como beneficiarias las grandes empresas. El metro de Lima lo construyen dos “empresas españolas”: FCC y ASC, la empresa deFlorentino Pérez. La ampliación del aeropuerto de Heathrow la hace Ferrovial, empresa implicada en el escándalo de financiación de CiU en el Palau de la Música. Pero seguimos adelante con la defensa del acuerdo que hace la diputada del PP:

- Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el acuerdo se firme lo antes posible porque creemos que es bueno para España …

Estas alabanzas del TTIP en el Congreso, sin embargo, no son el resultado de que estos partidos quisieran explicar a la población sus beneficios. Estas que hemos leído son las respuestas a una moción presentada por el grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) en la que se pedía, entre otras cosas, que la aprobación del TTIP fuera sometida a referéndum. Ante esta petición CiU, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de hacer este referéndum.

La primera pregunta que hay que hacerse ante esto es: ¿cómo es que si el TTIP generará tanta riqueza y empleo, sus defensores llevan las negociaciones en secreto? Y también hay que preguntarse: ¿Cómo es que los partidos que defienden el TTIP no hacen ruedas de prensa explicando a la ciudadanía el proyecto? ¿Cómo es que ningún partido intenta atribuirse el mérito de su aprobación? Y por último: ¿cómo es que los medios de comunicación no explican casi nada al respecto? Si, según dice el PP “este acuerdo es una de las cosas más importantes que le pasará a España” porque  todo el mundo calla y sólo dan explicaciones cuando una moción en contra los obliga a hacerlo?

Julian Assange, fundador de Wikileaks apunta una respuesta: “Los gobiernos tienen pánico que la ciudadanía hable de este tratado”. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto secretismo? Veamos los detalles de lo que muchos consideran el mayor ataque a la democracia europea desde la Segunda Guerra Mundial.

El TTIP (versión oficial)

Empecemos por el principio. La Comisión Europea explica en su web que el TTIP es “un tratado de comercio que se está negociando con los Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de “eliminar los obstáculos comerciales para facilitar la compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EEUU”. Para conseguir este objetivo el TTIP propone eliminar la “regulación innecesaria” y las “barreras burocráticas”. Según la Comisión Europea si se eliminan estas “reglas innecesarias” la economía europea podrá crecer 119.000M€ cada año y generar millones de puestos de trabajo.

Antes de continuar con el TTIP, sin embargo, es necesario ver quién es la “Comisión Europea” que hace estas promesas. La Comisión Europea es el equipo de gobierno de la UE y actualmente está integrado por miembros del PP y los socialistas europeos, que después de las elecciones, pactaron para gobernar Europa. Haciendo un paralelismo a nivel local, la Comisión Europea es como un gobierno de España integrado por PP-PSOE. El presidente de la Comisión Europea es Jean Claude Juncker, del PP europeo.

Explico esto porque se tiende a ver la Comisión Europea como un órgano neutro cuando no lo es y porque es importante saber que quien impulsa el TTIP es un gobierno integrado por el PP y los homólogos europeos del PSOE.

Ahora sí, volvamos al TTIP. La Comisión Europa propone “eliminar la regulación innecesaria”. Pero a qué “regulaciones innecesarias” se refiere? Normalmente pone el siguiente ejemplo: “Un coche fabricado en la UE tiene que pasar los controles de seguridad de la UE. Pero aunque la UE haya dado por bueno, el coche tendrá que volver a pasar controles de seguridad en los EE.UU., a pesar de que la normativa de seguridad es similar”, lo que encarece el producto. La propuesta de un mismo procedimiento sirva para EEUU y para la UE tiene mucho sentido. Pero el TTIP va mucho más allá de la seguridad de los coches y se extiende a toda la regulación: alimentos, medio ambiente, productos químicos y todo lo que aprueban los parlamentos toda Europa.

Entonces con el TTIP una prohibición contra el fracking aprobada por el Parlamento de Cataluña podría ser calificada como una “barrera burocrática” y ser abolida? Un salario mínimo podría ser considerado una “regla innecesaria” que podría ser obviada? Los contrarios al TTIP creen que sí y hablan abiertamente de “ataque a la democracia”. Pero hasta qué punto está justificada esta apreciación? Veámoslo.

¿Quién está detrás el nacimiento del TTIP?

La organización Corporate Europe –dedicada al estudio de las interacciones entre empresas y parlamentarios europeos– bautizó el TTIP como “la constitución de las multinacionales”. Si miramos quienes son sus “padres fundadores” esta definición no es descabellada.

Uno de los primeros rastros del TTIP lo encontramos en 1995 en Sevilla cuando se celebró una reunión bajo el título “Diálogos Empresariales Transatlánticos”. La reunión estaba convocada por el Secretario de Comercio estadounidense y el vicepresidente de la Comisión Europea. Entre los invitados a estos “diálogos” estaban los representantes de Goldman Sachs, BP, Ford, Xerox, Phillips, Repsol y el fabricante de armamento Dresser Industries. El objetivo de la reunión era “posibilitar que los líderes empresariales de ambos lados del Atlántico identifiquen las claves sobre el comercio entre Europa y EEUU” y “indicar los pasos que se deberían seguir para reducir el costo de hacer negocios “. Es decir: los empresarios se reunieron para decirle a la UE ya los EE.UU. lo que tenían que hacer en materia comercial.

Desde entonces los “líderes empresariales” no han dejado de presionar a los gobiernos de EEUU y la UE para “indicar los pasos” y luchar contra las “reglas innecesarias”. Después de años y millones de euros invertidos en lobby, en 2011 Barack Obama, Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión Europa, Durao Barroso, crean un ente llamado “Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento”. El objetivo de este grupo es “examinar a fondo las oportunidades” de hacer un tratado de comercio entre EEUU y la UE. Finalmente, en febrero de 2013, este “grupo de alto nivel” recomienda a la UE y EEUU iniciaron las negociaciones del TTIP.

Cómo se negocia el TTIP?

Tanto EEUU como la UE han designado un representante suyo para llevar las negociaciones. El “negociador jefe” en nombre de los EE.UU. es Daniel Mullaney y el de la UE es Ignacio García Bercero. Las negociaciones sobre el TTIP se realizan, como veremos, en decenas de reuniones en ambos lados del Atlántico, pero la parte más visible de estas negociaciones son las “rondas de negociación”. La primera “ronda” tuvo lugar en Washington el 7 de julio de 2013 y hasta el día de hoy se han celebrado 7 rondas, la última el 3 de octubre en Maryland (EE.UU.).

¿Quién participa en estas “Rondas de negociación”?

Una de las primeras reacciones de diversos sectores de la sociedad -tanto en la UE como en EEUU- fue poner el foco en la opacidad con la que se empezaron a llevar a cabo las “negociaciones” y las “rondas”.

En Europa uno de los primeros que pidió información concreta fue Corporate Europe Observatory quien a finales de 2013 pidió a la Comisión Europea la lista de los participantes en las conversaciones preparatorias de las negociaciones del TTIP.

Tras varias negativas la Comisión Europea se vio obligada a dar una lista con las 130 reuniones que habían tenido lugar hasta el momento. Según la información de la propia Comisión Europea, de las 130 encuentros, 119 (un 93%) fueron entre miembros de los gobiernos y grandes multinacionales: Morgan Stanley, General Motors, British Telecom, Met Life, Ford, Nokia o la British Bankers Association , entre otras.

Las negociaciones del TTIP también incluyen varios “grupos asesores”. Según Corporate Europe estos “grupos asesores” están “dominados por la industria”. Un hecho que reconocen los mismos grupos industriales, que se han mostrado satisfechos que los “grupos asesores” hayan adoptado “una perspectiva empresarial” y que “hablen un lenguaje empresarial”. En el otro costa del Atlántico las cosas son similares. Según el observatorio Public Citizen, que lleva 40 años trabajando en el Congreso de EE.UU., el 84% de los “asesores” en las negociaciones del TTIP en EEUU representan a la gran industria, donde encontramos la farmacéutica Abbot, el gigante agroalimentario Cargill o los fondos de inversión Capital Partners.

30 años de opacidad

Cuando Corporate Europe hizo pública la lista donde se veía que los participantes en las negociaciones eran básicamente grandes grupos multinacionales, los negociadores de EEUU se pusieron nerviosos y pidieron explicaciones a la parte europea sobre la “confidencialidad” de las negociaciones. Para tranquilizarlos el negociador europeo, García Bercero, envió una carta a su homólogo norteamericano Daniel Mullany. En la carta, con fecha de 5 de julio de 2014, Bercero informaba a los norteamericanos que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”. Esto incluye, incluso, a los diputados del Parlamento Europeo ya que, según Bercero, los documentos sobre las negociaciones del TTIP quedarían fuera de la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas deben ser públicos. Todos excepto los del TTIP, porque tendremos que esperar 30 años …

¿Pero es bueno para la nuestra economía?

Pero quién puede preocuparse de la opacidad cuando estamos ante un boom económico que generará millones de puestos de trabajo? Según la Comisión Europea (recordemos, gobernada por los homólogos europeos de PP y PSOE) el TTIP generará “unos ingresos extra de 545€ por hogar” en toda Europa y más de un millón de puestos de trabajo, con un incremento anual del PBI de un 0,5%. Estas cifras están contenidas en un estudio realizado por la Comisión Europea que tenía como objetivo “aportar información sobre la conveniencia de abrir las negociaciones sobre el TTIP”.

Pero este informe no convence a todos. Por un lado, y con respecto al hipotético beneficio de 545€ por hogar, el economista Dean Baker, del Centro para la Investigación en Política y Economía, publicaba en el diario The Guardian: “que en realidad no se podía esperar más de 50€ al año por hogar”… Y eso teniendo en cuenta que los beneficios se repartan de manera homogénea: beneficiará el TTIP por igual a un empleado de un McDonalds que a un ejecutivo de la banca de inversión? Baker lo duda.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Manchester y experto en tratados de comercio, Clive George, pone en cuestión estos datos: “En primer lugar, estas previsiones responden al escenario más optimista de los tres que recoge el documento. En segundo lugar se obvia que, de confirmarse, estos resultados tardarán 10 años en ser operativos, según reconoce el mismo informe”. Así, el incremento quedaría “no en un 0,5% sino en un 0,05% anual repartido en 10 años en el mejor de los casos”.

Pero si las ganancias esperadas son tan escasos, qué interés tienen los impulsores del TTIP? Según Clive George la ganancia está en la desregulación que permitirá que las empresas privadas se hagan con los servicios públicos europeos. Así lo explica Michael Hudson, de la Universidad de Missouri: “La UE y EEUU se encuentran inmersos en un escenario post-burbuja en el que ya no pueden ganar dinero prestando dinero” y por ello “han elegido convertirse en rentistas neo -feudals con la intención de comprar carreteras para poner peajes”, un ejemplo que se hace extensivo a todo el sistema público europeo, incluyendo “escuelas, cárceles y hospitales”.

En este sentido un artículo del diario británico The Independent advertía que con el TTIP “los servicios públicos están en primera línea de fuego ya que uno de los principales intereses del TTIP es permitir a las empresas de EE.UU. hacerse con los servicios públicos europeos”. Una amenaza bastante real como para que el gobierno escocés, presidido por Alex Salmond, haya exigido al gobierno de Londres que “proteja el sistema público de salud de la amenaza del TTIP” ante la amenaza que “gran compañías sanitarias de EEUU se hagan con el servicio público de salud “.

La propaganda del TTIP

Como hemos visto antes, el TTIP está en fase de negociación y las disputas a su alrededor parecen de carácter estrictamente ideológico. Así, por un lado tenemos una coalición PP-PSOE a la europea que augura un boom económico y por otro, un creciente número de opiniones que advierten de los peligros del TTIP.

Ante este escenario, puede ser útil ver los resultados que han dado otros tratados similares, como por ejemplo el NAFTA, el tratado del libre comercio entre Canadá, EEUU y México, en el que se inspira el TTIP.

Las promesas del NAFTA

El NAFTA se aprobó en 1994 y fue presentado a los habitantes de los países participantes como una “oportunidad histórica”. Veinte años después, sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que se prometió.

En un estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) con sede en Washington, el impacto del NAFTA en México es indiscutiblemente negativo. El subdirector del CEPR y profesor de economía de la Universidad de Michigan, Mark Weisbrot fue claro: “el tratado fue un terrible error considerando cualquier indicador económico y social”

En EEUU el impacto del NAFTA tampoco es muy alentador. Con motivo del 20 aniversario del NAFTA el influyente diario digital The Huffington Post titualava: “La economía de EEUU ha perdido 700.000 puestos de trabajo a causa del NAFTA”. En este sentido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribía en The New York Times en 2006 una columna titulada “Promesas incumplidas” donde analizaba el impacto del NAFTA: “Libre comercio no implica crecimiento”. E iba más allá: “El NAFTA no ha cumplido las fervientes expectativas de sus defensores”. Según Noam Chomsky, del Massachusetts Institute of Tecnology “el NAFTA ha profundizado en las desigualdades y ha sido un mecanismo para transferir una enorme cantidad de riqueza desde las clases bajas y medias hacia las cuentas bancarias del 1%”. Según Stiglitz esto obedece a que “el NAFTA ocultaba una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”. Si, habéis leído bien: “una serie de nuevos derechos para las empresas, que debilitan la democracia en toda América del Norte”.

El fin de la democracia

La afirmación de Stiglitz se materializa en una cláusula del TTIP llamada ISDS (las iniciales de Investor-State Dispute Settlement), un instrumento que permite que las multinacionales pongan demandas contra las decisiones de los estados. Según la Comisión Europea el objetivo de la ISDS es “encontrar un equilibrio entre el derecho de los Estados a regular y la necesidad de proteger a los inversores”. La idea es que si un inversor considera que una ley de un parlamento democrático perjudica sus intereses, pueda recurrir a una instancia superior que haga de mediador entre el estado y el inversor.

Pero para ello no existen los sistemas legales de cada país? La Comisión Europea lo vuelve a dejar claro: “El hecho de que un país cuente con un sistema jurídico sólido no siempre garantiza que los inversores extranjeros estén protegidos adecuadamente” y por eso el ISDS “garantiza a los inversores un foro al que acudir cuando quieran reclamar una indemnización”. Se puede decir más claro? Si, Markus Beyries lo hizo.

Markus Beyries es director de European Bussines, una federación de patronales europeas donde encontramos la CEOE y a las ceoes de cada estado europeo. Beyries alabó el TTIP diciendo que “las diferencias regulatorias deben ser eliminadas”, haciendo referencia a las “reglas innecesarias” de las que hablaba la Comisión Europea. Pero Beyries va más allá y completa su frase: “debemos prevenir que surjan regulaciones nuevas”.

Esta frase de Beyries implica un salto cualitativo. Ya no estamos hablando de modificar “regulación innecesaria” para “evitar la burocracia”. De lo que estamos hablando es de impedir que los parlamentos democráticos hagan nuevas leyes. Y el ISDS es la herramienta que permite al TTIP acabar con la democracia.

El ISDS ya está en funcionamiento en otros tratados de comercio que ya están en vigor y que están siendo utilizados contra las decisiones de los parlamentos democráticos. Vemos 3 ejemplos recogidos por el investigador John Hilary:

1) La compañía energética sueca Vattenfall reclama al gobierno alemán 3.700 millones de euros por su decisión de abandonar gradualmente la producción de energía nuclear a raíz del desastre de Fukushima.

2) En uno de los múltiples casos de ISDS presentados contra Canadá después de la entrada en vigor del NAFTA, este país fue obligado a revocar su prohibición sobre el aditivo para combustible MMT bajo presiones de la compañía estadounidense Ethyl .

3) La tabacalera estadounidense Philip Morris reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por tomar una medida política en materia de salud pública que obliga a vender los cigarrillos en paquetes sin publicidad.

Como se puede ver, no estamos hablando de pequeños países del tercer mundo. Estamos hablando de que las grandes multinacionales detienen la acción de los parlamentos de grandes y supuestamente poderosos países. Pero gracias al ISDS estos parlamentos quedan supeditados a este tipo de “justicia para multinacionales”, con tribunales estrechamente ligados a estas mismas multinacionales y donde, curiosamente, los estado no pueden demandar las multinacionales.

¿Qué podemos hacer?

En 1993, pocos días antes de la firma del tract NAFTA Noam Chomsky escribió: “Los tratados de libre comercio anulan los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de las futuras generaciones (…) reduciendo la democracia a sus formas más vacías para que la voluntad de los dueños se pueda llevar a cabo sin ninguna interferencia “.

El pasado 17 de marzo de 2014, Susan George comenzó su conferencia sobre el TTIP en Bilbao diciendo: “Hoy os daré muchas noticias malas, pero empezaré con una buena: ganaremos esta batalla y para ello debemos usar el estrategia del vampiro: sacar a la luz estas negociaciones para matar a su plan “.

La buena noticia es que la presión popular puede detener el TTIP. La presión popular está haciendo que gobiernos de varios países europeos empiecen a ver peligrar sus expectativas electorales debido a su apoyo al TTIP. Como hemos visto antes, las negociaciones del TTIP están llevando a cabo de espaldas al Parlamento Europeo y la Comisión ha negado incluso que este parlamento pueda tener capacidad de intervención en las negociaciones. Así la votación sobre el TTIP el Parlamento Europeo no será debatida sino que los grupos sólo podrán elegir entre votar a favor o en contra. No se podrán hacer enmiendas ni se podrán debatir puntos concretos. Actualmente el Parlamento Europeo está dominado por el PP Europeo y por los socialistas europeos pero como decimos, las presiones domésticas podrían hacer que la unidad a favor del TTIP se rompiera ya que el Parlamento Europeo no hay  “disciplina de voto”. Otra brecha que se abre para detener la aprobación del TTIP es que uno de los estado de la UE se niegue a aprobarlo, lo que provocaría su paralización. En todos estos escenarios, la movilización ciudadana, la presión política y la toma de conciencia sobre lo que significa el TTIP serán herramientas imprescindibles. En la columna de la izquierda os facilitamos las fuentes utilizadas en la elaboración de este trabajo así como un listado de organizaciones implicadas en esta lucha. Esperamos que os sea útil.

Pocas horas antes de cerrar la presente edición saltaba la noticia: el presidente de la Comisión Europea,Jean Claude Juncker -del PP europeo- firmó un pacto secreto con 340 multinacionales con el objetivo de que estas pagaran sólo un 2% de impuestos. Juncker, ferviente defensor del TTIP, se enfrenta ahora a una grave crisis que podría afectar su presidencia y a las mismas negociaciones del tratado europeo.

La noticia saltaba este viernes 7 de noviembre después de que el Consorcio Internacional de Periodistasfiltrara más de 28.000 documentos que demuestran que Juncker, en su etapa como primer ministro de Luxemburgo, firmó acuerdos secretos para permitir eludir millones de euros en impuestos. Entre las empresas implicadas encontramos a Apple, Amazon, Ikea, Burberry, el Deutsche Bank y Pepsi. En total 340 empresas.

El diario digital el diario.es explica que “la investigación, llamada Luxembourg Leaks o LuxLeaks y en la que participaron periodistas de 26 países, ha tenido acceso a 28.000 páginas de documentos que demuestran cómo las grandes empresas” se apoyaban en Luxemburgo y en las sus leyes fiscales flexibles, pero también en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir “a este país” sus beneficios a fin de que no fueran objeto de impuestos, o al menos muy débilmente”, es decir, con tipos inferiores a la 1%, según publica el diario francés Le Monde, que participa en la iniciativa junto al británico The Guardian, el alemánSüddeutsche Zeitung, el japonés Ashahi Shimbun o el español El Confidencial.

Los acuerdos contaron con la colaboración de PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las ‘Big Four’ (cuatro firmas de auditoría y consultoría del mundo), que diseñaba complejas estrategias financieras que comprendían préstamos de las matrices luxemburguesas a las filiales de otros países y otras estructuras para transferir beneficios de una parte de la empresa a otra para reducir o suprimir totalmente los ingresos sujetos al pago de impuestos.

En clave catalana, hay que recordar que PwC es la misma empresa que está asesorando al Gobierno de la Generalitat para sacar adelante el proyecto Visc+ con el que se pretende vender datos de los historiales médicos de los usuarios de la sanidad pública a empresas privadas.

El escándalo, que está haciendo temblar a la política europea, ha sido portada en periódicos de todo el mundo. En España, ni El País, ni El Mundo, ni el ABC lo llevaban en portada. Los diarios económicos El Economista y Expansión dedicaban este viernes su portada a las preocupaciones de las agencias de rating raíz del ascenso de Podemos pero se dejan el ‘Caso Juncker’.

3 puntos básicos y una advertencia final · Per Àngels M. Castells (Economista)

1) Someter la política a la economía privada, destruye también la posibilidad de que la sociedad se dote de servicios públicos y de políticas más igualitarias. Las grandes multinacionales que dictan los tratados a los estados no están ni por la igualdad de oportunidades ni por una redistribución de la renta más equitativa, sino por mercantilizar los bienes y servicios más básicos, privando el acceso a los mismos a una parte cada vez más grande de la ciudadanía.

2) Los Tratados abarcan lo fundamental de nuestras actividades y necesidades: empleo, transporte, comunicación, datos incluso de nuestras historias clínicas, servicios legales, subvenciones, educación, salud, residuos, agua, distribución de energía y comercio digital , y puede también implicar una mayor desregulación de unos mercados financieros descontrolados y hipertróficos.

3) Pretenden marcar el no retorno del control ciudadano y la política sobre sectores fundamentales para el desarrollo humano, impidiendo una sociedad con una democracia real. En este sentido, el TISA contiene cláusulas que vetan la posibilidad de recuperar o regular de nuevo un sector que ya haya sido liberalizado.

Alerta!

La democracia está en peligro porque con estos tratados la ciudadanía ya no puede decidir nada realmente importante y, mucho menos, la regulación de los grandes poderes económicos. No sólo la posibilidad de hacer políticas de corte socialdemócrata se convierte en un imposible, sino que la aceleración de las desigualdades entra en una dinámica suicida … tal y como ya está sucediendo. Porque mientras se negocian los tratados ya los están imponiendo y han comenzado a ser una cruda, difícil y autoritaria realidad. Su germinación en nuestra sociedad, a costa de nuestros servicios públicos, nuestros derechos y nuestras condiciones laborales, ya está costando desarraigo, precariedad, violencia, salud y vidas humanas.

Hay que ponerse de pie y luchar. Por nuestra democracia y para nuestra salud.

 fuente:http://iniciativadebate.org/2014/11/15/pp-psoe-upyd-y-ciu-unidos-a-favor-de-un-tratado-negociado-en-secreto-entre-la-ue-y-ee-uu/

El negocio oculto de las cárceles españolas

Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios. Fernando Romero / Periodista. El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico.

 

 Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González. El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión.

 Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie. El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP. El número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas empresas.

 En la memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas. Cien empresas, quinientos clientes Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.


. El más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar. Según fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución
. Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”. Marta Ferrusola. Los Pujol también hicieron negocio con las cárceles en Cataluña. El Corte Inglés se enriquece con los presos por partida doble. Por un lado los tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias y por otro lado son luego los propios reclusos los que adquieren esos productos. La multinacional de Isidoro Álvarez suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.

 Otras muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart. Otro de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona y muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las hermanas Koplovitz. Otros productos que hacen los presos son los mosquetones para practicar la escalada y el rápel.

 También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería. Telefónica hace también negocio a costa de los presos, pues mantiene una situación de monopolio. Ello es posible porque todos los reclusos deben comprar obligatoriamente las tarjetas de Telefónica para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios. En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y comunicación). Además OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo político

. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad. También tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB). Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. En este sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación sobre estas empresas. Las denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más numerosas.

 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo de 100 euros”. Otras fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles. Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana. Muchos presos no solo realizan trabajos domésticos en la cárcel. Del que hacen para fuera apenas obtienen beneficios. Foto / Pablo Nosti. Muchos presos no solo realizan trabajos domésticos en la cárcel. Del que hacen para fuera apenas obtienen beneficios.



. El Banco Santander hace caja Valentín Matilla González es un ex recluso que estuvo tres años en Villabona (Asturias) y fue excarcelado en noviembre de 2013. Corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para empresas”. No es el caso de la prisión de Villabona, pero sí, por ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien y por supuesto hay tráfico de influencias”. Habla de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.

 También el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de este banco.

 Los presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de él”. Matilla conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio.

 En el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el sector de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles.

 Los presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse el transporte. El Ayuntamiento de Langreo fue el primero de Asturias que firmó un convenio con la prisión de Villabona a través del CIS. En teoría los reclusos trabajan en un taller de formación para aprender un oficio y luego reinsertarse en la vida laboral. Lo cierto es que no es así. Son peones utilizados (sin recibir ninguna formación) en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.

 Los presos con los que contactó esta revista aseguran que para este tipo de trabajos no se hacen nóminas sino que “te dan un papel de mala manera”. En Villabona, dice Matilla, los destinos remunerados “los maneja un tipo, la mano derecha del director de seguridad, que por supuesto funciona por medio del tráfico de influencias, con sus chivatillos y una cola de gente esperando para que les reciba y les de un trabajillo”. Antiguamente había economatos que ahora han pasado a denominarse “boutiques”. Este cambio de nombre ha supuesto simplemente un aumento de precios de los productos que se venden. Funcionarios a cuerpo de rey Pero no son solo los empresarios los que sacan tajada de los presos. También se benefician muchos funcionarios de prisiones, que utilizan entidades públicas, como el CIS o el CIRE, desde las cuales se mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados como talleres de formación, y cuya filosofía empresarial no es por supuesto explotar a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.

 
 Según Casellas los empleados del CIRE “viven a cuerpo de rey y son parte del entramado que explota a los presos”. ATLÁNTICA XXII intentó ponerse al habla con Instituciones Penitenciarias para preguntar sobre estas denuncias, aunque indicaron que por “vacaciones” nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo mismo ocurrió con otro de los organismos denunciados por Casellas en su libro, el CIRE. Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a las preguntas de esta revista, aunque desde el gabinete de prensa mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto más social que económico y que “es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de libertad, mediante la formación en oficios y el trabajo penitenciario”

. -fuente: http://www.atlanticaxxii.com/3107/el-negocio-oculto-de-las-carceles-espanolas

"Historias del tráfico de órganos'

Si no encuentro un donante pronto en este país, tendré que decidir si estoy dispuesto a cargar sobre mi conciencia el peso de comprar un riñón a alguien. O elegir morir”, este es el desesperado testimonio de un enfermo estadounidense enganchado a una máquina de diálisis y sin esperanza alguna de vida.
Testimonios como éste son los que recoge Historias del tráfico de órganos, una producción canadiense que muestra la angustia de los enfermos, la desesperación de los más pobres y la codicia de los traficantes de órganos.

VIDEO:


http://www.rtve.es/television/20141031/documentos-tv-historias-del-trafico-organos/1039836 

Pobreza y riñones

En el mercado negro hay oferta y demanda de casi todos los órganos y tejidos: córneas, óvulos, piel... pero en el negocio de los órganos el más solicitado es, sin duda alguna, el riñón. Miles de personas, sobreviviendo bajo el umbral de la pobreza, recurren a este mercado ilegal a fin de vender su riñón y salir de la miseria.
La demanda supera ampliamente a la oferta, por lo que muchos pacientes, procedentes del primer mundo recurren a los pobres de la tierra, quienes están dispuestos a vender uno de sus riñones por el precio de un ordenador portátil.

Gran potencial para la explotación

Son víctimas de un sistema no regulado y con un gran potencial para la explotación. “A veces solo gano 1,80€ para toda la semana”, comenta un joven filipino ante la cámara, convencido de desprenderse de esa parte de su cuerpo para sacar adelante a su familia. Para todos los hombres el cebo es sencillo: más dinero del que ganarían en un año o dos de trabajo en la aldea.

La desesperación de los enfermos

En el otro lado, los enfermos renales crónicos esperan, en muchas ocasiones durante años, a que un donante les devuelva la vida. En la mayoría de los casos, esto no ocurre. Y la opción es comprar un riñón en el mercado negro, donde cirujanos y urólogos están dispuestos a hacer el trabajo sucio a precios suculentos. “Nunca me pareció mal que alguien pagase por el riñón que recibía, ya lo vi hacer entre familiares”, afirma el Dr. Shapira en el documental, quien se jacta de haber practicado unos 850 trasplantes ilegales.

fuente: http://www.rtve.es/television/20141031/documentos-tv