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viernes, 19 de octubre de 2012

QUE SE SEPA QUIEN ES MARIANO RAJOY

No se si es cierto pero me parece interesante tenerlo en cuenta.

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante, tal y como había informado Atlántica XXII en su número 17 , el pasado mes de noviembre.
El presidente del Gobierno capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, que ha conseguido mantener privilegios de la época franquista, únicos en Europa.
Desde 1981, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros (3.327.720.000 pts.), según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros.
Rajoy y el lobby de los registradores (I): El multimillonario que quiere ser presidente
Publicado por ATLÁNTICA XII en su número 17 (noviembre 2011)
Por Fernando Romero, periodista
¿Recuerdan cuando en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en marzo de 2009 María Violeta Aranguren, de cincuenta y tres años y vecina de Ansoáin (Navarra), visiblemente nerviosa le preguntaba a Mariano Rajoy un poco cortada:
“¿No será mucha molestia que me diga cuánto gana usted?”.
El líder del PP quedó traspuesto y, para ganar tiempo y pensar la respuesta, haciendo gala de sus tablas como hombre público, le contestó que no le había oído y que le volviera a preguntar.
Una vez recuperada la compostura tras la “insolente” pregunta, Rajoy no le dijo lo que ganaba. Tan solo un escueto “bastante más que usted” e irse, seguidamente, por peteneras. Un millón de euros al año.
Un millón de euros al año ( 166.386.000 Pts.) es la estimación (a la baja) de sus ingresos por su actividad política y por su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante) de la que, según la Asociación de Usuarios de Registros, ha percibido desde 1981 unos 20 millones de euros (3.327.720.000 pts.) y a la que nunca ha renunciado.
El registro de Santa Pola le reporta entre 800.000 y un millón de euros al año.
A ello hay que añadir los cerca de 100.000 euros que recibe del PP en concepto de dietas y gastos más los 72.000 euros que cobra por su trabajo como diputado en el Congreso. ATLÁNTICA XXII trató de ponerse en contacto por escrito con Rajoy para recabar su opinión al respecto, aunque sin éxito.

El multimillonario Rajoy es uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España
, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. 
Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales).

En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores
 que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria. 
La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. 
¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí.
Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.
Mariano Rajoy lleva veinte años en excedencia y tiene la reserva de plaza del Registro de la Propiedad de Santa Pola, plaza que está en régimen de interinidad permanente.
Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola a Francisco Riquelme, su amigo y compañero de promoción desde 1977, denunciado por diversas irregularidades en fincas de su propiedad.
La operación es posible por una norma del Colegio de Registradores, a la que se acogió el político gallego, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso.
La Asociación considera que esta peculiar opción constituye “un privilegio inaudito y único en el mundo” y fue un logro de Rajoy en su época de ministro. El 50% de las ganancias que se lleva Rajoy se justifica como cuota colegial, aunque para esta Asociación es una falsa cuota “que compone un inevitable rosario de fraudes fiscales”.
Este señor es el que se supone que nos va a poner a todos a “hacer los deberes”.
La inmensa mayoría de españoles (clase media y baja) está siendo brutalmente castigada por organizaciones endogámicas (partidos políticos, jueces elegidos por éstos, sindicatos, mundo financiero, etc…) que dirigen lo que queda de este país. 
La gente empieza a cansarse de que los vapuleen y se rian en su cara. Cuando se cachondean de tí con todo el morro, hasta el más ovino se rebela. 
Los españoles solemos ser gente pacífica y hay que reconocer que aguantamos carros y carretas pero la historia demuestra que cuando se le tira demasiado del bocado, el español explota y lo hace violentamente. Mejor no ponerse por medio porque el asunto acaba mal y es difícil de parar.
Esperemos que la situación, en todos los aspectos, se vaya solucionando porque si dichos poderes siguen pisando el cuello del pueblo con su bota de hipocresia, injusticia y mentiras, acabará mordiéndola y se comerá la bota y el pié.
 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, tiene pendiente una explicación coherente sobre la situación del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en el que sigue figurando como titular, y sobre el destino de los más de 20 millones de euros de ganancias obtenidas en ese registro y en la oficina liquidadora de impuestos adyacente. Sucede que en los últimos 20 años ha sido a la vez ministro, vicepresidente del Gobierno Aznar y ahora diputado, y siempre titular del registro de Santa Pola, en la provincia de Alicante. 
La llevanza en condición de interino de ese registro ha sido asignada al colindante registrador titular de Elche, Francisco Riquelme, quien, en consecuencia, disfruta de las ganancias del suyo más las que proporcionan el registro que atiende como interino y la mencionada oficina liquidadora, de la que se ocupa en la misma condición.
El líder del PP mantiene desde hace 20 años la titularidad del registro de la propiedad de Santa Pola
Parece, según señala la Asociación de Usuarios de Registros, que Mariano Rajoy, como ministro en su día y hoy diputado, tenía dos opciones. 
La primera, solicitar la excedencia de su registro, de forma que Santa Pola saliera a concurso y fuera cubierto por otro registrador que lo atendiera al 100%. Hubiera dado así un ejemplo que permitiría repartir los millones de euros de ganancias entre dos registradores en vez de que se acumularan tres retribuciones en un solo registrador. 
La segunda, que habría sido la elegida por el presidente del Partido Popular, ha consistido en mantenerse como titular del registro de Santa Pola gracias a un artículo de un decreto de 1947 que es en su literalidad contrario a todas las leyes constitucionales que ordenan la función pública.
Un decreto que, para más INRI, se reformó en el año 1998, cuando era ministro del Gobierno Aznar. Así las cosas, sería muy interesante saber por qué Mariano Rajoy no ha pedido la excedencia y cuál ha sido el destino de los 20 millones de euros en que se cifran las ganancias del registro y la oficina liquidadora de Santa Pola, funciones ambas de las que continúa siendo titular ausente desde hace 20 años. Desde luego, cabe imaginar cuán agradecido debe estarle su amigo Francisco Riquelme, y también el Colegio Nacional de Registradores, que entraría a repartirse esas ganancias con el interino al 50%.
Llegados a este punto conviene atender un momento al peculiar sistema para la provisión de plazas de registradores, las únicas de la función pública que en absoluto gravan sobre los Presupuestos Generales del Estado, ya que sus retribuciones provienen de la aplicación de los aranceles a los usuarios. 
Veamos. Para empezar, el artículo 277 de la Ley Hipotecaria establece desde el año 1946 que solo cuando queden cinco opositores aprobados sin registro adjudicado será el momento de convocar nueva oposición, convocatoria que bajo ninguna circunstancia podrá rebasar las 50 plazas.
Claro que entre la fecha límite para que los opositores firmen su condición de aspirantes y el inicio de los ejercicios de la oposición, una vez formado el tribunal y depuradas las listas, transcurren al menos cinco meses, y el examen suele durar año y medio porque consta de cuatro ejercicios -dos de ellos orales de 60 minutos-, a razón de cuatro opositores diarios de un total que oscila entre 1.200 y 1.500. 
Las resoluciones aparecen en el Boletín Oficial del Estado cuatro meses después, y entonces se hace el concurso de adjudicación de plazas, que se resuelve en otros tres meses. Es decir, que transcurren dos años y medio entre la fecha en que se detecta la necesidad de cubrir vacantes y la provisión de las mismas.
Un cálculo elemental permite deducir que serán necesarias ocho convocatorias para obtener un número de registradores de nuevo ingreso con los que cubrir los 300 registros, según la nueva demarcación establecida en 2007 por el ministro Juan Fernando López Aguilar. Como pasan dos años y medio desde la convocatoria hasta la resolución del concurso de adjudicación, harán falta un total de 20 años para cubrir las plazas de nueva creación.
Como, además, cada 10 años se revisa la demarcación territorial de los registros, queda claro que la acumulación de registros en manos de un titular sólo podría evitarse derogando el improrrogable artículo 277 de la Ley Hipotecaria, que viene como queda dicho de 1946. 
Una enmienda que pretendió actualizarlo murió en el Senado sin que ni siquiera fuera glosada por los ponentes. 
Así las cosas, el Tribunal Supremo, al declarar la nulidad de casi toda la reforma del Reglamento Hipotecario, aprobada siendo Rajoy ministro, decía que la legislación registral “está anclada en un pretérito preconstitucional en el que, al parecer, tiende a perpetuarse”. Veremos.
fuente ELPAIS.COM

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